Aunque el 83% de los ecuatorianos mayores de 15 años tiene acceso a productos financieros, pues el 73% tiene una cuenta de ahorro activa, solo el 29% cuenta con un crédito. Esta brecha refleja que el verdadero desafío en Ecuador ya no es el acceso, sino la inclusión financiera plena y sostenible.
Así lo demuestra el estudio “Avances de la Inclusión Financiera en el Ecuador 2024”, elaborado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD). La investigación evalúa la inclusión financiera desde un enfoque multidimensional que abarca siete dimensiones: acceso, uso, calidad, educación financiera, bienestar financiero, protección al usuario y marco regulatorio.
Acceso vs. uso: una brecha que limita la inclusión
Gracias al despliegue de infraestructura física y puntos de atención, el 83% de los ecuatorianos (10,4 millones de personas) tiene acceso a productos financieros, una cifra que ubica al país entre los más altos de América Latina. Sin embargo, el uso efectivo de esos productos apenas alcanza al 73% de los usuarios. Esto quiere decir que solo 7 de cada 10 ecuatorianos usan los productos financieros que poseen.
El reto más importante está en el acceso y uso del crédito: solo el 29% de la población cuenta con este producto. Además, un nuevo fenómeno identificado por la RFD complica el panorama: la re-exclusión financiera. Se estima que 1,26 millones de personas que alguna vez accedieron al sistema han sido expulsadas por deterioro en sus condiciones crediticias. Este fenómeno reduce el índice real de inclusión financiera del 73% al 63%. Desde la óptica de la exclusión, el 37% de los ecuatorianos mayores de 15 años (4,7 millones) está fuera del sistema por alguna de estas tres razones: 17% no accede, 10% no usa los productos que posee y otro 10% ha sido re-excluido.
“Comprender la situación de los clientes que tienen problemas para acceder, usar sus productos y cumplir con sus obligaciones es esencial para buscar alternativas que les permitan aliviar su carga económica y así insertarse en el sistema financiero formal¨, afirma Valeria Llerena, Directora Ejecutiva de la RFD.
La digitalización crece
En 2024, el número de ecuatorianos que usan medios digitales o bancarizados para hacer pagos o transferencias aumentó del 34% al 37%, y el uso para pagos pasó del 36% al 42%. Aun así, más de la mitad de la población no utiliza estos canales, por lo que Ecuador sigue entre los países con mayor rezago en esta dimensión.
El efectivo continúa siendo el medio de pago más utilizado, tendencia que se mantiene y que también se observa en otros países de la región. Sin embargo, hay señales positivas: entre 2023 y 2024, el uso de billeteras móviles aumentó 5 puntos, el de Apps de entidades financieras creció también en 5 puntos y el de tarjetas de crédito subió 7 puntos. Este dinamismo sitúa a Ecuador por encima de países como Bolivia, Chile y Perú en adopción de productos digitales.
A pesar del acceso, el uso sigue siendo limitado. Por ejemplo, aunque el 60% de los ecuatorianos tiene una tarjeta de débito, solo el 32% la utiliza. Con las tarjetas de crédito, el patrón es similar: 31% las tiene, pero apenas el 15% las usa para realizar pagos.
“La inclusión financiera sostenible debe cubrir todos los rincones geográficos, estar dirigida tanto a quienes ya están dentro como a quienes aún están fuera del sistema, orientar sobre el buen uso de los instrumentos financieros y permitir que cada persona tome decisiones informadas y conscientes sobre su relación con el sistema financiero ecuatoriano”, concluye Llerena.
Otras dimensiones de la inclusión financiera
Calidad: Desde la percepción del usuario, Ecuador lidera en confianza, accesibilidad y variedad de productos. No obstante, existen oportunidades de mejora en dos áreas clave: la percepción sobre costos financieros y la seguridad en las transacciones.
Educación financiera: La aprobación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) y su inclusión en la malla curricular son avances importantes; pero persisten vacíos para otros grupos poblacionales como mujeres, jóvenes fuera del sistema educativo, migrantes y población rural.
Bienestar financiero: Aunque existen normativas para evaluar el bienestar financiero, cada sector usa metodologías distintas. Esto impide una medición integral y comparativa, sobre todo considerando que muchas personas interactúan con bancos y cooperativas a la vez.
Protección al usuario financiero: Aún no se cuenta con una normativa específica en esta área, a pesar de su relevancia para garantizar transparencia, trato justo y mecanismos de reclamo eficaces frente a abusos o malas prácticas.
Marco regulatorio: La implementación del marco normativo para inclusión financiera es reconocida como un proceso en desarrollo que requiere continuidad y fortalecimiento.