
Valeria Llerena, Directora Ejecutiva de la RFD participó en el evento ¨Collections Revolution 2025: Transformación Digital y Disrupción en la Práctica¨, donde abordó temas clave, como: los hábitos de pago de los ecuatorianos, el sobreendeudamiento, los alivios financieros y la situación actual de la re exclusión financiera en el Ecuador.
Durante el encuentro, Valeria formó parte del panel: ¨Alivios financieros y reinserción de deudores hacia una inclusión financiera sostenible, en el que compartió sus reflexiones junto con María Gabriela Flores, Directora Legal de ASOBANCA; Patricio Chanabá, Director Ejecutivo de ASOMIF y Edgar Peñaherrera, Gerente de ICORED. El evento fue organizado por: ASOCOB.
En una de sus intervenciones, la Directora Ejecutiva de la RFD destacó que, según un reciente análisis de la institución, la re exclusión financiera se entiende como: ¨La situación en la que personas que ya tienen acceso al sistema financiero, a través de productos, quedan excluidas por su conducta de pago, es decir, tienen cartera castigada, en demanda judicial o un puntaje de buró menor a 300 puntos¨.
Además, subrayó que los índices de inclusión financiera en el país no reflejan la realidad de los ecuatorianos. ¨Este es un tema crítico, ya que entre 2019 y 2024 más de 360 mil personas han caído en esta condición. Estamos hablando de que, en ese período, de cada 10 personas nuevas que han sido incluidas en el sistema financiero, tres estarían siendo re excluidas¨, señaló.
Llerena enfatizó que la necesidad de generar mecanismos de apoyo para quienes enfrentan esta situación, mediante el desarrollo de productos de re inclusión financiera y metodologías de tasas que reflejen la realidad del mercado, permitiendo a las entidades financieras gestionar adecuadamente el riesgo de la tasa de interés.
Finalmente, acotó que es indispensable trabajar en la prevención de la re exclusión financiera, promoviendo educación financiera de calidad, el involucramiento de distintos actores del sistema y el fortalecimiento de metodologías de microcrédito que permitan identificar con precisión la capacidad de pago del deudor.